El pasado 01 de julio, la Academias Nacional de Ciencias Económicas, conjuntamente con la Academia de Ciencias políticas y sociales, sometió a la consideración de la opinión pública un documento en el cual expresa su opinión sobre la grave situación que está viviendo el país.
El documento, describe diferentes aspectos de la economía venezolana: la situación fiscal, PDVSA, el Banco Central, tipo de cambio, etc. Igualmente se analiza el estado en que se encuentran las instituciones del país. Por la claridad y contundencia del análisis, este documento deber ser lectura obligatoria para todas aquellas personas interesadas en comprender el proceso que estamos presenciando.
“Consideran estas Academias que no es correcta la forma como se está conduciendo al país a través de la aplicación de políticas públicas que violan la Carta Magna, y que en muchos casos están reñidas con principios democráticos fundamentales, ya que su implementación acarreará consecuencias muy adversas. Se está minando el aparato productivo nacional con sus consecuentes efectos negativos sobre la fuerza laboral y sobre la población en su conjunto, se está poniendo en riesgo la operatividad de nuestra principal industria y se están violando derechos fundamentales de los ciudadanos,…”
El documento tiene la virtud de que va más allá de la crítica y plantea soluciones y recomendaciones: “Se hace imperativo un cambio de rumbo en la conducción del país. Creemos que el camino a seguir es la implementación de un plan de desarrollo nacional integral y sustentable que busque como objetivo fundamental la erradicación de la pobreza, la inclusión social y la superación del ser humano, para así asegurarle una vida mejor a la presente y a las futuras generaciones. Ese proceso de desarrollo, que trasciende a lo puramente económico, y que debe incluir lo social, lo político, lo ambiental, lo cultural y lo tecnológico, tiene que fundamentarse en un acuerdo social, a través del cual se le dé un fundamento sólido de permanencia y sustentabilidad, conforme a los valores superiores del ordenamiento jurídico nacional, dentro del marco constitucional del sistema económico armónico, que postula como principio de orientación la convergencia del esfuerzo privado y del poder del Estado, y de la garantía de la seguridad jurídica, que depende primordialmente del respeto a la supremacía de la Constitución y de la Ley y de la preeminencia de los derechos humanos.
En la consecución de ese acuerdo social no sólo se tiene que contar con la participación de los diversos sectores de la vida nacional, sino que es fundamental la intervención activa y decidida del Estado, porque sobre él recae la responsabilidad de implementar las reformas para el logro de la inclusión social; de establecer reglas de juego claras, creíbles y permanentes y asegurar su cumplimiento; de aplicar las reformas necesarias para crear un Estado democrático sólido con poderes públicos funcionales e independientes que garanticen la libertad y los derechos de los ciudadanos en el sentido más amplio; de asegurar la defensa de la nación y la seguridad ciudadana; de implementar las políticas públicas que permitan, conjuntamente con la participación del resto de la sociedad, el acceso universal a la educación y a la salud; de promover los valores y principios éticos que busquen la superación del ser humano a través del esfuerzo y la autoestima; de implementar los planes de inversión para satisfacer las necesidades de vivienda y para el desarrollo de la infraestructura física y de su mantenimiento; y, finalmente, de fomentar la inversión reproductiva para la creación de un sector productivo diverso, eficiente, competitivo y generador de múltiples y crecientes fuentes de empleo permanente y bien remunerado”.
El texto completo puede ser consultado en la página web se la Academia Nacional de Ciencias Económicas: www.ance.org.ve
Guaramato Parra & Asociados C.A.
es difución del conocimiento económico
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